De las primeras leyes que reconocieron el derecho de la mujer al aborto en España a la actualidad…

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“Solamente se es de verdad libre cuando no se pesa sobre nadie, cuando no se humilla a nadie”

María Zambrano (1904-1991)

 

Primeras leyes que reconocieron el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo en España

El 5 de julio de 1985 fue aprobada la Ley Orgánica 9/1985 que reconocía el aborto como un derecho de la mujer en España. No se trataba de la primera vez que se reconocía este derecho en algún punto del Estado, aunque sí fue la primera vez que la ley tenía efecto para todo él. Ya en 1936 se había legalizado el aborto en Cataluña. En la zona leal a la República durante la Guerra Civil Española, siendo Ministra de Sanidad la cenetista Federica Montseny y estando el gobierno presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, se despenalizó la práctica del aborto; no obstante, su vigencia duró muy poco, ya que el bando franquista la derogó.

Así, hubieron de pasar cuarenta largos años de dictadura y represión para poder restablecer, entre otros muchos, este derecho.

La ley de 1985 estaba basada en una serie de supuestos, dentro de los cuales debía encontrarse la mujer, para poder abortar. Es decir, la mujer debía aducir una serie de razones para poder interrumpir su embarazo que debían encontrarse dentro de alguno de los siguientes supuestos:

-  Riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapéutico): Podía practicarse el aborto en cualquier momento del embarazo.

-    Violación (supuesto criminológico): Podía practicarse en las primeras 12 semanas.

-  Malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). En las primeras 22 semanas de gestación.

En los supuestos primero y tercero, se requería un informe médico que certificara el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley; en los casos de violación, era preciso cursar previamente la pertinente denuncia policial. En estos tres supuestos, no era punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en un centro sanitario acreditado para hacer interrupciones voluntarias del embarazo, ya sea público o privado, con el consentimiento expreso de la mujer. En los demás casos, el Código Penal establecía diversas penas de prisión tanto para la mujer embarazada como para los facultativos que practicaran abortos no amparados por la ley.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

En el año 2010 se aprueba una nueva la ley, la primera no basada en supuestos, similar a las que se mantienen vigentes en la mayor parte de Europa. Esta nueva ley se basa en la idea de que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, especialmente, de aquéllos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar.

La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

Así, esta ley establece la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. Durante este tiempo, la mujer puede tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. No hay intervención de terceros en la decisión.

En su artículo 15 señala que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22 en casos de «graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto». A partir de la vigésima segunda semana, solo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos: que «se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida» o que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.

Además, para completar el desarrollo de la ley, se aprobaron dos reales decretos:

El Real Decreto 825/2010 regula el proceso de información previa al consentimiento. En un primer momento se da información general sobre los métodos de interrupción, los centros donde se puede llevar a cabo y los trámites y condiciones. En un segundo momento (orientado a la protección de la maternidad), cuando la mujer inicialmente opta por la interrupción del embarazo, se ofrece información sobre las ayudas públicas y derechos vinculados al embarazo y a la maternidad, y datos sobre los centros en que se puede recibir asesoramiento. Finalmente, la tercera y última fase, se corresponde con la información médica inmediatamente anterior a la prestación del consentimiento por escrito.

El Real decreto 831/2010 persigue asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, de manera que se garantice a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española.

Además, el artículo 13.4 de la ley establece que “en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad”.

 En cuanto a la información que deben recibir los padres, la ley fija que al menos uno de sus progenitores o tutores tienen que ser informados de la decisión, salvo cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”.

La Ley, además, garantiza la intimidad y confidencialidad de las mujeres.

Esta ley del 2010 se mantiene en vigor hasta la actualidad, momento en que se están planteando reformas que prácticamente acabarían con la reivindicación histórica de las mujeres de poder decidir sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias vidas. Para conocer esta nueva ley que amenaza con hacer desaparecer el derecho al aborto y tratar a las mujeres como niñas, retrocediendo incluso frente a la ley de 1985, pincha aquí.

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