Proyecto de reforma de la ley de 2010 por el gobierno de Mariano Rajoy

Aborto-si-o-no

¿Quiénes sois vosotros para decretar quién debería seguir vuestras normas y leyes inventadas?

Layla Anwar (1970- ).

 Proyecto de reforma de la ley de 2010 por el gobierno de Mariano Rajoy

En una legislatura marcada por el recorte masivo de derechos sociales, se cierne la amenaza de una nueva vulneración de los derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

El anteproyecto de ley que propone Gallardón y que, al parecer, no tardará en entrar en vigor y que recorta este derecho en mayor medida que la ley de 1985, se basa en la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera voluntaria únicamente en los dos siguientes supuestos, según informaciones obtenidas a través de prensa y de las últimas declaraciones del Ministro de Justicia:

  1. El aborto se permite si existe “menoscabo importante y duradero” para la salud física y psíquica de la mujer o un peligro importante para su vida. Se endurece la vía para demostrarlo. El plazo es de 22 semanas.
  2. El otro supuesto es que haya “delito contra salud o indemnidad sexual” de la mujer (violación). El plazo es de 12 semanas. Para poder acogerse a esta segunda posibilidad, será necesario haber denunciado la agresión.

* La malformación fetal NO será motivo de aborto. Desaparece el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante tres décadas. Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que éste sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar (sólo si se consigue demostrar que esto causa un grave daño a la madre, como veremos después).

Supuesto de daño a la salud de la madre:

Será necesario un informe de dos médicos ajenos a la clínica: El daño para la salud de la madre deberá “acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos distintos del que practica el aborto” (hasta ahora era uno). Los facultativos (que podrán ser elegidos por la mujer embarazada) deben ser “especialistas en la patología que genera esa decisión”. Después de que los facultativos hayan evaluado a la mujer, ésta recibirá información “verbal” de la mano de un “colaborador del sistema público” sobre las alternativas a la interrupción de su embarazo; tras eso está obligada a esperar “al menos siete días” (frente a los tres actuales) para tomar su decisión.

Otra novedad es que los médicos que realicen la evaluación de la mujer o del feto no podrán trabajar en el mismo centro donde se vaya a practicar la intervención.

Además, los médicos que firmen el informe en cualquier supuesto de riesgo para la salud psíquica tendrán que establecer que el conflicto entre la protección del feto y la de la mujer no puede resolverse “desde el ámbito médico de ninguna otra forma”. Y sólo se entenderá que hay daño psíquico cuando, según su criterio, el embarazo produzca un “menoscabo importante” y “con permanencia en el tiempo” para la mujer.

Cuando el peligro para la salud psíquica de la madre tenga causa en una “anomalía fetal incompatible con la vida”, será preciso un informe médico sobre la madre y otro sobre el feto, de forma “que quede probada dicha anomalía”.

Si la anomalía incompatible con la vida no hubiera podido ser detectada clínicamente “con un diagnóstico certero” en las 22 primeras semanas de gestación, el aborto también podrá practicarse después, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores.

Menores de edad

Las menores, en cualquier supuesto, necesitarán el consentimiento paterno para poder interrumpir su embarazo. Sobre el caso concreto de las menores de 16 y 17 años, que actualmente pueden abortar sin consentimiento paterno, esta posibilidad desaparece. Para que las menores de edad puedan abortar en los supuestos que permite la ley, será obligatoria “la participación de los titulares de la patria potestad”, ya sean madres, padres o tutores/as. En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá —en 15 días— a quién da la razón, si a la joven o a sus padres; en principio, primará la opinión de la embarazada.

Sanciones ante incumplimiento

Practicar un aborto fuera de los supuestos estipulados será considerado delito aunque no tendrá reproche penal para la mujer, (si bien aún no está establecido si tendrá sanción administrativa). El médico que se salte la ley sí será sancionado según la normativa vigente (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora).

2 Responses

  1. XAVI at | | Reply

    Me encanta vuestra página, es una iniciativa estupenda. Soy profesor de psicología social, especializado en psicología comunitaria. Recomendaré vuestra web a mis alumnos de Grado y de Máster.
    Saludos.

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